En la Legislatura de la Ciudad se impulsó mediante documentos falseados (*) un proyecto de ley que garantizaría la impunidad de varios "kioscos", que poco antes de que se impulsara esta ley se habían instalado en los parques, de manera ilegal.
Simultáneamente a la presentación de la iniciativa "bares en las plazas" se instalaron decenas de barcitos ilegales en el espacio público. De forma llamativa estos "kioscos" no eran desalojados por los organismos de control conforme lo establece la ley, a pesar de que la ciudadanía refería la venta de substancias prohibidas. La falta de control era evidente (ver fotos). Con la complicidad de funcionarios y legisladores, se estaría buscando instalar en estos bares a "barras bravas" y otros "protegidos" de la política.
La idea era desactivar a los "trapitos" (especialmente de la proximidad de los estadios) y coincidentemente generar lugares en los parques, con poco control. En la época (estamos refiriéndonos al 2014) así como se cayó "bares en las plazas" también se cayó el tema "trapitos". No fue precisamente por falta de quorum.
Tras la fachada de un proyecto seductor se estaría camuflando el tráfico de drogas.
Diputados de fuerzas políticas muy diversas denunciaron a través de sus despachos la ilegalidad de la propuesta.
Gracias a que la Asociación Civil Vecinos de Belgrano obtuvo contundentes pruebas de que se habían falsificado documentos públicos, esta ley -a pesar de aprobada- fue definitivamente abandonada.
Gracias al descubrimiento y posterior denuncia de documentos falseados evitamos que en nuestras plazas ocurriera lo que ocurrió en Rosario, donde el espacio público se transformó en lugar de tráfico.
Cabe destacar además que concesionar el espacio público de los parques y cederlo a manos particulares incumplía con la Constitución de la Ciudad y con el Código de Planeamiento Urbano, tal como fue denunciado oportunamente por diputados de diferentes fuerzas políticas (Estenssoro, Ibarra, Sánchez Andía, Alegre y otros) y por las principales asociaciones y ONGs que defienden el espacio público de toda la ciudad.
Los baños, bebederos, mobiliario de las plazas, estacionamiento para bicicletas, etc. son una obligación del Gobierno de la Ciudad, para lo cual pagamos impuestos. A pesar ello el Gobierno de la Ciudad aducía la "necesidad" de emprendimientos de privados.
El objetivo por tras de un proyecto seductor era crear "bunkers" en zonas de grandes espacios, con poco o ningún control. Al privatizar un pequeño sector en el medio de los parques se impediría que la Policía pudiera entrar y actuar en estos bares sin tener una orden judicial previa. Hoy no es así.
Tanto la Policía Federal como la Policía de la Ciudad manifestaron por nota que no contaban con recursos para garantizar el control en los bares que se pretendía instalar en algunas plazas y en los grandes parques a pesar de lo cual el proyecto de instalar bares, que servirían para el trafico de estupefacientes en zonas de poco control, continuaba avanzando...
El Estado debe garantizar nuestra seguridad y el cumplimiento de la ley. A los ciudadanos nos cabe vigilar al Estado.
Simultáneamente a la presentación de la iniciativa "bares en las plazas" se instalaron decenas de barcitos ilegales en el espacio público. De forma llamativa estos "kioscos" no eran desalojados por los organismos de control conforme lo establece la ley, a pesar de que la ciudadanía refería la venta de substancias prohibidas. La falta de control era evidente (ver fotos). Con la complicidad de funcionarios y legisladores, se estaría buscando instalar en estos bares a "barras bravas" y otros "protegidos" de la política.
La idea era desactivar a los "trapitos" (especialmente de la proximidad de los estadios) y coincidentemente generar lugares en los parques, con poco control. En la época (estamos refiriéndonos al 2014) así como se cayó "bares en las plazas" también se cayó el tema "trapitos". No fue precisamente por falta de quorum.
Tras la fachada de un proyecto seductor se estaría camuflando el tráfico de drogas.
Diputados de fuerzas políticas muy diversas denunciaron a través de sus despachos la ilegalidad de la propuesta.
Gracias a que la Asociación Civil Vecinos de Belgrano obtuvo contundentes pruebas de que se habían falsificado documentos públicos, esta ley -a pesar de aprobada- fue definitivamente abandonada.
Gracias al descubrimiento y posterior denuncia de documentos falseados evitamos que en nuestras plazas ocurriera lo que ocurrió en Rosario, donde el espacio público se transformó en lugar de tráfico.
Cabe destacar además que concesionar el espacio público de los parques y cederlo a manos particulares incumplía con la Constitución de la Ciudad y con el Código de Planeamiento Urbano, tal como fue denunciado oportunamente por diputados de diferentes fuerzas políticas (Estenssoro, Ibarra, Sánchez Andía, Alegre y otros) y por las principales asociaciones y ONGs que defienden el espacio público de toda la ciudad.
Los baños, bebederos, mobiliario de las plazas, estacionamiento para bicicletas, etc. son una obligación del Gobierno de la Ciudad, para lo cual pagamos impuestos. A pesar ello el Gobierno de la Ciudad aducía la "necesidad" de emprendimientos de privados.
El objetivo por tras de un proyecto seductor era crear "bunkers" en zonas de grandes espacios, con poco o ningún control. Al privatizar un pequeño sector en el medio de los parques se impediría que la Policía pudiera entrar y actuar en estos bares sin tener una orden judicial previa. Hoy no es así.
Tanto la Policía Federal como la Policía de la Ciudad manifestaron por nota que no contaban con recursos para garantizar el control en los bares que se pretendía instalar en algunas plazas y en los grandes parques a pesar de lo cual el proyecto de instalar bares, que servirían para el trafico de estupefacientes en zonas de poco control, continuaba avanzando...
El Estado debe garantizar nuestra seguridad y el cumplimiento de la ley. A los ciudadanos nos cabe vigilar al Estado.
